La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no
ratificó al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara por alertar ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las normas que ponen
en riesgo la independencia judicial en Perú como las ‘leyes pro crimen’.
Tras la ponencia de Cayo Galindo sobre
el caso, votaron a favor de la no ratificación, además de él, los magistrados
Germán Serkovic, Víctor Chanduví (vicepresidente). Por su parte, Gino Ríos y
María Teresa Cabrera (presidenta) aprobaron la ponencia, pero elaboraron un
voto singular.
Solo Francisco Távara y Jaime de la
Puente votaron en contra resaltando el “debido respeto” que tienen hacia su
colega (Galindo).
La ponencia del magistrado Galindo se
basó en la participación de Ordoñez en la audiencia de la Comisión IDH
desarrollada el 13 de noviembre de 2024 en su calidad de presidente de la
Asociación Nacional de Magistrados. En esa fecha, el juez señaló que “la
mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con (…) el
Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de
justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público”.
Explicó que para ello se presentaron y
aprobaron una serie de proyectos de ley “que atentan contra la independencia de
los jueces y fiscales” maniatándolos en su “lucha contra el crimen organizado,
y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos”.
Esto provocó que la JNJ iniciara un
proceso de evaluación y ratificación contra Ordoñez, pese a que la CIDH alertó
que ello podría configurar una represalia institucional incompatible con los
estándares de protección a quienes participan en audiencias públicas del
sistema interamericano.
Cayo
Galindo cuestionó la independencia del juez Ordóñez
En su ponencia, Galindo sustentó que las
declaraciones de Ordóñez Alcántara tuvieron un tinte político. "El
principio de independencia que rige la función jurisdiccional impone pues
marcar absoluta distancia con cualquier organización, partido, proyecto
político, pues si este asume alguna posición política públicamente pone en el
cuestionamiento su independencia", anotó.
Indicó que, como parte de sus labores,
el juez resuelve procesos de amparo en los que el Poder Ejecutivo y el Congreso
figuran como partes demandadas; por lo tanto, dicha opinión afectaría la
independencia en los procesos.
De acuerdo con Galindo, ello
"constituye una razón fundada para dudar de imparcialidad en los procesos
en los que tiene el encargo de controlar la constitucionalidad de los actos
administrativos emanados del Poder Ejecutivo, así como de la actividad
legislativa del Congreso".
Además, agregó: "Un magistrado no
se puede permitir referir y criticar públicamente a sectores del Parlamento sin
que eso ponga en cuestionamiento el deber judicial que le asiste de mostrarse
ante la ciudadanía como un magistrado independiente".
En el criterio de idoneidad, que evalúa
la calidad de las resoluciones, la rapidez y la gestión del proceso, Ordóñez
obtuvo 81.356 puntos. Sin embargo, en el apartado de conducta recibió una
calificación de insuficiente.
En ese sentido, el análisis técnico
concluyó que un resultado aprobatorio en idoneidad, por sí solo, no es
decisivo, ya que debe considerarse de manera conjunta e integral con la
evaluación negativa en conducta.
"No ha superado la evaluación
referida a su conducta, donde ha obtenido una calificación de insuficiente para
motivar su ratificación en el cargo", refirió Galindo para proponer la no
ratificación.
Oswaldo
Ordóñez asegura que no descalificó el sistema de justicia
Días antes, Ordóñez Alcántara acudió a
la citación de la JNJ para declarar sobre el caso. "En ningún momento me
he irrogado la representación del Poder Judicial (PJ). El comunicado del PJ no
cuestiona mi ponencia, solo precisa que yo no represento una declaración
institucional que, repito, no la he ejercido", dijo.
Añadió que él no considera que haya
descalificado al sistema de justicia del Perú, sino que, por el contrario, de
acuerdo con su obligación moral, explicó de forma genérica el sistema de
justicia. "No nos hemos limitado a tocar el tema puntual del Poder
Judicial. Lo que he señalado es que recogiendo el sentir de los jueces del país
nuestra preocupación es que algunos grupos parlamentarios formulaban leyes que
afectaban al sistema judicial", anotó.
Insistió en que todo se enmarca en el
ejercicio de su derecho a la expresión y asociación.
Fuente: larepublica.pe


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